Los funcionarios no se atreven a hacer públicos los números de la inseguridad. Si son malos, serán blanco de las críticas. Si son buenos, también tratarán de mantenerlos en reserva porque saben que muy pocos creerán en esas cifras. En los últimos días trascendió un informe que dará que hablar. No sólo porque dan cuenta de una disminución de los delitos en general, sino por el análisis que prima sobre esas estadísticas y lo que hay detrás de cada una de ellas. Es nafta pura para alimentar las llamas de la polémica.

El jefe de Policía, Joaquín Girveau, creó la Oficina de Análisis Delictual. Sus integrantes se encargan de recabar todas las denuncias que se registran en la provincia. Hicieron un trabajo teniendo en cuenta los reportes presentados entre el 1 de noviembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023 y lo compararon con las mismas cifras que cosecharon en idéntico período de 2023/24. Los resultados, a los que tuvo acceso LA GACETA, sin lugar a dudas abrirán un debate.

El primer dato de relevancia de este trabajo estadístico es que los delitos contra la propiedad bajaron un 15%. El año pasado, según este informe, se cometieron 13.216, mientras que en los últimos cinco meses fueron 11.231. Con esa cifra se puede establecer que hubo 76 denuncias por día, lo que representa tres por hora y una cada 20 minutos. Después de leer estas cifras surge una pregunta: ¿esos son números reales?

No, son los que existen y fueron elaborados en base a las denuncias que se registran en todas las dependencias policiales. No están contempladas las cifras en negro; es decir, las personas que sufren un ilícito y no lo reportan. Un ejemplo: LA GACETA publicó el domingo un informe sobre una ola de robos en Ticucho. Varias víctimas relataron los hechos que padecieron, pero tanto la Policía como varios de los damnificados reconocieron no haber informado los casos. Dar a conocer un hurto o un robo no sólo sirve para las estadísticas, sino también para que quienes están encargados de cuidar a la población sepan lo que está pasando y qué medidas deben tomar en los lugares donde la inseguridad crece.

En el reporte hay otros datos significativos que no pudieron ser comparados porque no existen registros sobre esos ítems. Por ejemplo, los estadistas de la Policía dieron cuenta de que entre noviembre pasado y el 25 de marzo se denunció el robo de 1.122 motos, lo que representa un promedio de 15 por día. También se informó sobre el crecimiento en el caso de robos de otros vehículos, que fueron 84 en 76 días. Según el informe, en noviembre hubo 21, en diciembre 18, en enero 15, en febrero 18 y en marzo 12. En total se robaron 53 autos, 27 camionetas, 2 utilitarios y 2 camiones. La fuerza logró recuperar 553 bienes, casi la mitad de los sustraídos.

Inocultables

En materia de seguridad hay situaciones en las que las cifras son reales. El número de homicidios es uno de ellos, porque una muerte violenta no puede ocultarse. En el reporte que elaboró la Policía se consigna que durante el período anterior se registraron 30 muertes violentas, mientras que en el último fueron 23, por lo que hubo una disminución de poco más del 20%. En esas cifras no aparecen dos casos que movilizaron a parte de los tucumanos: el homicidio del niño Benjamín y el crimen del panadero Javier Hernández, asesinado en un intento de robo.

Ambos casos podrían haberse evitado si otros organismos del Estado hubieran actuado con mayor rapidez. El niño vivía en un seno familiar donde la violencia estaba a flor de piel y, pese a las advertencias, no hubo una clara reacción de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. En tanto, la madre de Julio Tabuenca hace años viene luchando para que su hijo sea atendido por las adicciones y por los problemas de salud mental. No consiguieron una orden judicial para que fuera internado compulsivamente. Y pasó lo que todos sabían que podía pasar: mató. Ahora nadie sabe qué hacer con él. Lo encerraron en un calabozo donde corre peligro su vida y la de los compañeros de encierro.

Otros datos que no pueden ocultarse (o es muy difícil hacerlo) son las detenciones concretadas por causas procesales. Según el reporte que elaboró la Policía, se incrementaron casi un 25%. De 2.114 arrestos concretados en el período anterior, en este último subió a 2.629.

A ellos hay que sumarles las casi 4.300 personas que terminaron en una celda por contravenciones. Por esto se aceleró la implementación de un nuevo sistema contravencional que, vale la pena aclarar, será un parche y no una modificación a la norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia hace varios años.

Desde el ministro Eugenio Agüero Gamboa, pasando por varios funcionarios del área de seguridad, hasta el agente recién ingresado de la Policía, prenden velas para que la Nación envíe los fondos que se necesitan para que termine de construirse el penal de Benjamín Paz. Más aún después de que un tribunal absolviera a cuatro policías por el incendio en el que fallecieron cuatro detenidas e intimara al Gobierno a que se ocupe de solucionar la crisis carcelaria.

Obsesión y fallas

La Policía sabe que la obsesión del gobernador Osvaldo Jaldo es la lucha contra el narcomenudeo. Esa preocupación se transformó en una orden y en el norte de una gestión.

Comparando los dos períodos, se incrementó un 211% el secuestro de cocaína (de 9 a 28 kilos), un 100% de marihuana (37/74 kilos), de plantas de marihuana un 125% (1.096/2.397 unidades), de vehículos un 164% (14/64), de dinero un 118% ($8,3/$18,2 millones) y bajó en un 50% el secuestro de armas (10/5).

El número de procedimientos también dejó margen para el análisis. Entre el 1 de noviembre pasado y el 25 de marzo, hubo 540 operativos, un 57% más que en el período anterior, cuando se realizaron 345. Analizando esas cifras, se desprende que en los últimos cinco meses hubo 60 investigaciones de las dos Unidades Fiscales de Narcomenudeo, cinco por la Justicia Federal y 475 que fueron iniciadas por otros delitos y los investigadores terminaron encontrando droga. Según el reporte, se detuvo a 442 personas por este ilícito (345 varones/97 mujeres), un 70% más que el año pasado, que fueron 260 (177/83).

Acerca de estas cifras hay dos datos que merecen ser analizados. El primero, que la Policía sigue recurriendo a la estrategia de “golpear” a los puntos de venta de dosis a través de allanamientos por otros ilícitos, sistema que ya fue cuestionado por el fallo Gargiulo. El otro: por falta de recursos, la Justicia nacional cada vez se aleja más de la lucha contra el tráfico y comercialización de estupefacientes.

Sin querer, el informe dejó al descubierto que las fuerzas federales también se están alejando de los controles y operativos contra el narcotráfico. En el apartado del Operativo Lapacho, un plan que tiene como principal objetivo evitar el ingreso de droga a la provincia, quedó reflejada la cantidad de procedimientos que se hicieron.

En el primer período la policía provincial hizo 39 y en el actual 668 acciones, lo que representa un incremento del 1.613%. La Gendarmería Nacional pasó de 75 a tres y la Policía Federal de 15 a dos. La única lectura que se puede hacer es que, pese al apoyo de la Nación por la iniciativa, Tucumán quedó sola en esta lucha.

Los porqués se los puede encontrar en Rosario. En una nota publicada el domingo por el diario “La Capital”, el periodista Nicolás Maggi informó que el plan de pacificación de esas tierras tiene un alto costo para la provincia de Santa Fe. Consignó que cada uno de los 1.200 agentes le cuestan al Estado $11.600 por día para cubrir el alojamiento y comida, únicamente. Hasta ahora desembolsaron casi $50 millones.

Ese dato también confirma la famosa teoría de la “colcha corta” realizada por el ex comisario Héctor Sueldo hace ya más de 15 años: “cuando nos tapamos la cabeza nos destapamos los pies”. Ocurre que 672 gendarmes de Salta, Jujuy y Tucumán viajan cada 15 días a Rosario para pacificar sus calles, complicando los planes de prevención en los caminos de todo el NOA. Así será muy difícil vencer a los narcos.